7 de septiembre de 2017
Mientras
las Administraciones alardean de que se está reduciendo la lista de
espera en el Sistema de Atención a la Dependencia, esta reducción no
afecta a los dependientes más vulnerables, por primera vez desde hace
años, en el último mes se incrementó en 1.481 la lista de espera en las
personas más vulnerables que debe atender el Sistema de la Dependencia.
Actualmente,
más de una tercera parte de las personas desatendidas (38%), son
dependientes con Grado II o III (Dependientes Severos y Grandes
Dependientes); en total 120.925 personas.
Además
de lo injusto de esta situación, que deja abandonadas a las personas
con mayores y más urgentes necesidades de atención, existen importantes
repercusiones en clave de financiación, ya que el actual Nivel Mínimo
(recortado en 2012) hace que una Comunidad Autónoma reciba de la
Administración General del Estado una cuantía de 44,33 €/mes por
dependiente atendido de Grado I y de 82,84 €/mes y 177,86 €/mes por
dependiente atendido de los Grados II y III respectivamente. Las mayores
necesidades de apoyo de las personas con grados III y II hacen que
generalmente, su atención resulte más costosa a las arcas autonómicas.
La razón del estancamiento en la reducción de la lista de espera para
estos Grados bien podría estar que la incapacidad financiera de prestar
los apoyos necesarios, mientras que la atención a los Grado I se está
resolviendo en muchas ocasiones con atenciones de bajo coste.
La
consecuencia más cruel del mantenimiento por tiempo ilimitado de las
personas en lista de espera para recibir atenciones, es que muchas de
ellas fallecen sin haber podido ejercer su derecho reconocido en la Ley
de Dependencia. Cada día fallecen 100 dependientes sin recibir prestaciones o servicios a los que tienen derecho.
Los
datos oficiales contenidos en los últimos informes, reconocían que en
2016 se habían producido más de 40.000 fallecimientos de personas que,
siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a
beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos. Extrapolando
estos datos, se puede estimar que el número de personas
fallecidas pendientes de recibir prestación, solo en lo que va de año,
asciende a 21.000 con la pésima proyección de convertirse en más de
34.000 al final del presente ejercicio.
Mientras
tanto seguimos sin acuerdos de la Comisión de análisis de SAAD derivada
de la Conferencia de Presidentes y del grupo de expertos sobre
financiación autonómica.
Es
necesario que se adopte alguna decisión sobre el futuro del sistema en
clave de financiación y, hasta entonces, abordar las URGENTES
necesidades financieras para la atención plena (cobertura total ya
demorada dos años con más de 300.000 personas en espera) por la vía del
incremento sustancial de las cuantías del Nivel Mínimo Garantizado. Ese
nivel mínimo de financiación del Estado en el que descansa la “garantía
del derecho subjetivo”, y que debería velar por el ejercicio de los
derechos de las personas en situación de dependencia, independientemente
de la comunidad autónoma en la que residan.
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